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Una vez publicado el plan del Gobierno autonómico para reactivar la economía canaria coincidiendo con el “desconfinamiento”, debo coincidir con quien dice que está falto de concreción. Pero creo que adolece de tres cuestiones más:

  • Su cortoplacismo: se trata de medidas contundentes en cuanto a importe pero que parece que, sin especificarlo, se agotan en el año;
  • Su simplicidad: se limitan a licitar obra pública, a dar o avalar préstamos a las empresas y dar ayudas a quien no tenga trabajo;
  • Su ausencia de cambios estructurales.

Por otro lado, Exceltur también ha publicado su plan “Renacer del Turismo Español 2020-2023”, en el que prevé unas pérdidas para el sector que oscilarían, solamente en 2020, entre 92.000 y 124.000 millones de euros.

En lo tocante a Canarias, es preocupante la situación por la gran dependencia de nuestra economía del sector turístico. Y no es el momento de comenzar a lanzar discursos sobre diversificación de actividades hacia sectores intensivos en tecnología y digitalización, porque para eso necesitamos dos cosas fundamentales de las que adolecemos: una población con una cualificación contrastada y una legislación que facilite la seguridad jurídica de los grandes capitales.

Respecto de lo primero, lo único que tenemos contrastado es la mayor tasa de fracaso escolar de la UE (Informe Pisa dixit), y respecto de lo segundo, dudo mucho que vayamos a cambiar la percepción que el mundo tiene de nosotros después de airear a los cuatro vientos que “progresar” es poner la riqueza del país en manos del Estado, como ha venido haciendo el Gobierno de la Nación, o estigmatizar a los empresarios e inversores, tildándolos de “ricos” o “grandes fortunas”, apelativos que en otras latitudes se considera un halago.

Pero, volviendo al turismo, no cabe duda que de eso es de lo que comemos y, por lo tanto y hasta que nuestros líderes consigan transformarnos en la Singapur del Atlántico, debemos reactivarlo para evitar un estallido social de miseria y hambruna. Y a este respecto, varias son las medidas adicionales y complementarias a las que ha propuesto nuestro Gobierno autonómico y que, siguiendo a los empresarios del sector, deben instaurarse de forma inmediata:

  • Una apertura de nuestros aeropuertos que facilite la recepción de turistas, savia de nuestra economía. Para ello, el sector (en toda Europa) ya había urgido a Bruselas la concreción e implantación de protocolos de detección inmediata en destino y en origen. Igual que hemos incorporado en nuestros hábitos el filtrado de los controles de seguridad en aeropuertos, se trataría de acostumbrarnos a soportar pruebas diagnósticas en origen y en destino. Al menos hasta que se desarrolle la vacuna. En definitiva, activar lo que se ha venido en llamar el “pasaporte sanitario”.
  • Como complemento a lo anterior, promover la percepción de nuestro destino como “safe & clean” con iniciativas como las desarrolladas en Portugal, en la que se ha emitido y promovido internacionalmente este sello de seguridad sanitaria entre los alojamientos turísticos del país vecino.
  • Apoyo al sector, especialmente al vacacional y extrahotelero, muy vulnerables financieramente por la dimensión de sus empresas, para solucionar el pago de la deuda pendiente de pago de los tour-operadores extranjeros con motivo del cierre de puertos y aeropuertos.
  • Igualmente un decidido apoyo al sector porque este cierre de fronteras exteriores se presenta con un gran endeudamiento con motivo de las inversiones para la modernización de la planta alojativa procedente de la anterior crisis financiera.
  • Debido al hecho de que dependeremos mucho del turismo nacional durante todo el 2020 y probablemente el primer trimestre de 2021, y que la población española va a quedar muy sensible a las políticas de precios, se debería intentar extender la bonificación en los viajes a Canarias de residentes en Península, Baleares y ciudades autónomas durante la temporada baja peninsular (octubre 2020 a abril 2021) para fomentar que Canarias sea un destino atractivo en término de precios. Importante será si tenemos en cuenta el planteamiento –con la oposición frontal de IATA– de reducir la ocupación de plazas aéreas para garantizar el distanciamiento social, y que abocará a la subida de precios y a hacer deficitarias las conexiones con Canarias.
  • En línea con lo anterior, se hace necesario rebajar la imposición indirecta (IGIC) del sector mediante una bonificación temporal de la misma mediante un descreste que, progresivamente se vaya revertiendo a medida que los indicadores de ocupación se restablezcan. Con ello se permitirá que la bajada de márgenes se vea aligerada, sin necesidad de transferencias directas de capital.
  • Igualmente, en línea con lo aportado por la Cátedra del REF de la ULPGC, se debe hacer un esfuerzo titánico de negociación con el Gobierno de la Nación en relación con alivios temporales en las obligaciones de cumplimiento de inversión respecto de la RIC y un período temporal de incremento del importe de la Deducción por Inversiones en Canarias, en todas sus modalidades, tanto de importe sobre base de la deducción como de porcentaje de aplicación en cuota.

Se trata de medidas totalmente complementarias a las típicamente keynesianas planteadas tanto por el Gobierno de la Nación como por el autonómico y, por lo tanto, no contradictorias. Su impacto, nada desdeñable, pero teniendo en cuenta que los préstamos avalados por el ICO no son más que un alivio momentáneo y que no inciden en la facilitación de un entorno de negocios adecuado para el sector, podrían significar una losa difícil de levantar que podría arrastrar a nuestro sistema financiero e, indirectamente, a todo el sector turístico que, sin ingresos durante 8 meses –las fronteras se abrirán previsiblemente en octubre 2020– no tendrá forma de hacer frente a los costes de personal y de estructura que se ciernen sobre ella.

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